Detuvieron a tres menores que acumulan 18 delitos
En el barrio de Barracas, la Policía de la Ciudad capturó a un chico de 13 años, a otro de 15 y a un joven de 18 mientras intentaban hurtar una moto. El prontuario de los tres suma 18 antecedentes, ocho de ellos cometidos en los últimos cinco meses. La detención vuelve a poner en el foco la polémica sobre la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.
La jueza de Menores de la Provincia de Buenos Aires, Marta Pascual, decidió suspender la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil por 60 días, argumentando que la provincia no cuenta con la infraestructura necesaria para “contener” a los menores con graves antecedentes. La medida generó tres pedidos de juicio político y una fuerte oleada de críticas que la acusan de “proteger a los delincuentes”. La discusión sobre la capacidad del sistema para atender a jóvenes infractores se reavivó este sábado con una captura que ilustra la gravedad del problema.
Esa madrugada, efectivos de la División Intervenciones Rápidas, que operan desde la comisaría de Vieytes al 1400, observaron a tres jóvenes corriendo por la zona de Barracas mientras el dueño de una Honda Twister, estacionada frente a su casa, pedía auxilio a gritos. Al llegar al lugar, los agentes detuvieron a los sospechosos, quienes fueron identificados como un menor de 13 años, otro de 15 años y un joven de 18 años.
El prontuario de los tres revela una acumulación de 18 antecedentes penales. El chico de 13 años ya tenía cinco antecedentes por robo y tentativa de robo entre abril y agosto de este año. El de 15 años, por su parte, contaba con diez hechos de robos y hurtos o sus intentos, ocho de los cuales se produjeron en los últimos cinco meses, lo que evidencia una rápida reincidencia. El joven de 18 años, aunque mayor, tenía tres antecedentes por robo y hurto registrados desde 2022, cifra menor que la de sus compañeros menores.
Tras la detención, el Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, imputó al de 18 años por robo en grado de tentativa. Los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, según la normativa que los entrega a sus padres una vez cumplida la medida cautelar.
La operación plantea varias preguntas sin respuesta. ¿Qué capacidad tiene el sistema de justicia juvenil para gestionar a menores que reinciden con tal frecuencia, cuando la propia jueza Pascual reconoce la falta de infraestructura? ¿Cómo se explica que, pese a la gravedad de los antecedentes, los menores sean liberados y entregados a sus padres, lo que podría facilitar la continuidad de sus actividades delictivas? Además, la suspensión del nuevo régimen penal, que pretendía endurecer las penas y mejorar la supervisión, parece haber coincidido con un aumento visible de la actividad delictiva entre jóvenes, aunque no se dispone de datos comparativos recientes que lo confirmen.
Los críticos del fallo de la jueza también señalan que la medida de suspensión no ha sido acompañada por un plan alternativo de atención ni por recursos adicionales para los centros de internación. La falta de una solución estructural deja a la sociedad frente a un círculo vicioso: menores con antecedentes que vuelven a la calle sin una verdadera supervisión, y un sistema judicial que, según la propia magistrada, no está preparado para “contenerlos”.
Mientras tanto, la comunidad de Barracas observa con inquietud la presencia de jóvenes que, a tan corta edad, ya acumulan un historial delictivo comparable al de adultos. La captura de este trío no solo pone en evidencia la urgencia de revisar la política penal juvenil, sino que también obliga a los legisladores y a la justicia a responder de manera concreta: ¿Se implementarán medidas efectivas para romper la cadena de reincidencia, o la suspensión del régimen será simplemente otro parche temporal? La respuesta, de momento, sigue pendiente.
