Corte anula tasa a banco y amenaza cobros municipales

La Corte Suprema de Justicia dio la orden este jueves que revocó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el que había permitido al municipio cordobés cobrar al Banco Galicia una “Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”. Según el dictamen de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la norma tributaria carecía de cualquier contrapartida concreta, efectiva e individualizada, lo que la convierte en una “coartada para gravar actividades sin prestar servicio”.

El Tribunal sostuvo que la “contraprestación” es la pieza clave del sistema de distribución de competencias tributarias entre jurisdicciones. Al no existir, la tasa vulnera la Constitución y, por ende, el municipio “carece de facultades constitucionales para crear” ese tributo. La Corte describió la postura del municipio como “laxitud” al imponer la norma sin justificar el servicio que se pretendía financiar.

El pronunciamiento cobra especial relevancia porque podría sentar un precedente vinculante para las Cámaras Federales Argentinas, donde se anticipa que los bancos presenten recursos para aplicar la misma lógica a otros cobros municipales. En los últimos años, el Banco Nación y otras entidades financieras ya habían iniciado litigios contra municipios —en su mayoría gobernados por el peronismo— para impugnar tasas que consideran injustificadas.

Los intendentes del Conurbano, donde gran parte de la recaudación municipal proviene de tasas sobre actividades comerciales y de servicios, reaccionaron con alarma. Además de la cuestión del Banco Galicia, temen que el fallo afecte la Tasa Vial, un cobro que se aplica a la carga de combustible y que ha sido blanco de denuncias del ministro de Economía, Toto Caputo. Otro punto sensible es la tasa de alumbrado público, que en 2024 el mismo ministro intentó prohibir que se incluyera en las boletas de servicios. Los municipios lograron revertir esa medida en tribunales, argumentando que sin la recaudación de la tasa no podrían financiar el servicio.

La aparición del nuevo fallo reabre la discusión sobre la viabilidad de esos tributos. Los intendentes advierten que, sin la capacidad de cobrar la Tasa Vial o la tasa de alumbrado, sus presupuestos podrían quedar gravemente comprometidos, pero la Corte no precisó qué mecanismo alternativo tendría que adoptarse para financiar esos servicios. Tampoco se indicó si la decisión se aplicará de forma automática a todas las jurisdicciones o si cada caso requerirá un proceso judicial individual.

Quedan varias incógnitas: ¿cómo responderán los municipios que dependen de esas tasas para cubrir gastos esenciales? ¿Se iniciarán nuevos recursos de amparo por parte de los gobiernos locales, o intentarán renegociar la forma de contrapartida que la Corte exige? ¿Hasta qué punto la Suprema Corte está dispuesta a limitar la autonomía fiscal municipal en otras áreas, más allá de los bancos?

Lo que sí está claro es que el fallo no solo afecta a Córdoba. La posibilidad de que la jurisprudencia se extienda a los municipios del Gran Buenos Aires y a otras provincias genera un clima de incertidumbre que podría traducirse en recortes de servicios o en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos municipales. Mientras tanto, el Gobierno nacional sigue señalando la “ausencia de contraprestación” como argumento para cuestionar la validez de estas tasas, sin ofrecer una alternativa clara.

En ausencia de datos concretos sobre el impacto financiero inmediato, la discusión se centra en la tensión entre la necesidad de recursos locales y el marco constitucional que, según la Corte, exige una contrapartida real por cada tributo. La respuesta de los intendentes y de los tribunales federales en los próximos días definirá si la recaudación municipal sufrirá un golpe decisivo o si se encontrarán vías para ajustar la normativa sin perder ingresos esenciales.